Alerta Laboral España: Real Decreto-ley 2/2024.

SIMPLIFICACIÓN Y MEJORA DEL NIVEL DE DESEMPLEO (EN VIGOR DESDE EL 01/11/2024)

Se aborda la revisión de las características básicas de la protección por desempleo en su nivel asistencial, de tal que simplifica y mejora los requisitos de acceso.

A partir del 1 de noviembre, las víctimas de violencia de género o sexual podrán solicitar el subsidio por desempleo, conforme al Real Decreto-Ley 2/2024 de 21 de mayo, ratificado por el Consejo de ministros y publicado en el Boletín Oficial del Estado.

Dicho subsidio está dirigido a aquellas personas: (i) desempleadas cuya situación guarda una relación directa con la pérdida inmediatamente anterior de un empleo (ii) hayan agotado la prestación contributiva.

La reforma establece que las cuantías del subsidio durante los primeros 12 meses se distribuyen en tres tramos:

• 6 primeros meses: 95% IPREM (570 € según la referencia actual).
• 6 meses siguientes: 90% IPREM: (540 €).
• Resto del periodo: 80% IPREM: (480 €)

Además, nuevos colectivos podrán acceder a este subsidio, incluyendo víctimas de violencia de género o sexual desde los 16 años, emigrantes retornados, menores de 45 años sin cargas familiares y trabajadores eventuales agrarios de todo el Estado.

El subsidio también será aplicable a víctimas de violencia ejercida por sus padres o hijos, siempre que se acredite la situación mediante sentencia judicial, resolución judicial que acuerde una medida cautelar, o informe del Ministerio Fiscal.

En caso de que se haya agotado la duración máxima del subsidio por ser víctima de violencia de género o sexual, podrá solicitarse nuevamente, acreditando el cumplimiento de los requisitos exigidos, una vez transcurridos tres o más años desde el primer derecho a la Renta Activa de Inserción.

SE MATIZA LA PREVALENCIA DE CONVENIOS Y ACUERDOS AUTONOMICOS.

Modificación del artículo 84 del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, al objeto de mejorar la regulación de la negociación colectiva en el ámbito de las Comunidades Autónomas, de forma que se asegura la aplicación de los acuerdos o convenios más favorables para las personas trabajadoras.

Con la modificación, se mantiene el mismo proceso de constitución a la hora de suscribir los acuerdos y los convenios. No obstante, los suscritos en el ámbito autonómico, tendrán prioridad aplicativa sobre cualquier otro convenio sectorial o acuerdo de ámbito estatal, siempre que dichos convenios y acuerdos tengan e respaldo de las mayorías exigidas para constituir la comisión negociadora en la correspondiente unidad de negociación. En este sentido, esta prioridad aplicativa quedara condicionada exclusivamente a que la regulación de los convenios o acuerdos autonómicos resulte más favorable para las personas trabajadoras que la fijada en los estatales.

Esto tiene como “objetivo” que se promueva el desarrollo de los ámbitos autonómicos de negociación y los derechos de las personas trabajadoras. 


Los acuerdos y convenios estatales no podrán eliminar ni modificar la normativa recogida en los acuerdos o convenios autonómicos. Siempre prevalecerán los segundos respecto a los primeros. 

Para información adicional, póngase en contacto con el equipo español de Laboral.